NO SE AUMENTA LA DEUDA

Concejo Municipal - Actividad Legislativa 10 de abril de 2016 Por PDP Rafaela
La diputada Ana Copes comenzó su intervención en el Congreso de la Nación recordando el título del tema central de la sesión: “Proyecto de Ley mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendientes a cancelar con quitas significativas la deuda en cesación de pagos”.

Lo hice así, porque consideré conveniente volver a centrarnos en el meollo de la cuestión. Todos los dictámenes presentados en minoría o en disidencia parcial (entiéndase los kirchneristas y su aliado Heller, y los justicialistas disidentes), a excepción de uno que cuestiona el origen de la deuda, autorizan al Poder Ejecutivo a cancelar la deuda en default. Avalan, pues, con esta posición política, la conducta sostenida por el gobierno anterior que, haciéndose responsable de la ‘deuda heredada’ regularizó el 93 % de las acreencias. Dejo a un lado, mi evaluación acerca de cómo lo hizo.

SITUACIÓN ACTUAL

Queda un 7% en default. Ese 7% quedó a la espera del vencimiento de la cláusula Rufo (operado el 31 de diciembre de 2014). Convengamos que con el argumento de no someterse a la ‘extorsión de los fondos buitres’, posición política asumida por el gobierno anterior, sólo se lograron perjuicios para la Argentina: la deuda en default sumaba unos 6000 millones de dólares, cuando hoy se reclaman, con intereses, punitorios, gastos causídicos, etc., unos 18000 millones de dólares. Las consecuencias han sido costosas para nuestro país: la deuda se triplicó y Argentina (al tener deuda en default) quedó aislada del crédito financiero mundial que imposibilitó acceder a tasas internacionales extraordinariamente bajas que aprovecharon otros países de la región, pero que no pudo aprovechar no sólo el gobierno anterior (que prefirió endeudarse con Venezuela, por ejemplo, a tasas muy superiores) sino el sector privado.

Ahora –prosiguió la legisladora–, existiendo la decisión política de cerrar el tema, de salir del default o de cumplir con lo que se le propuso a la ciudadanía durante la campaña, el gobierno ordenó tratativas con los acreedores que cuentan con sentencia firme dictada y confirmada en jurisdicción elegida por el gobierno anterior (Nueva York), que tuvieron por resultado una quita del orden del 25% del capital y el 40% de los intereses. Ello arroja una cifra de casi 12000 millones de dólares, que es similar a la deuda computada al mes de septiembre de 2015 por el propio Ministerio de Economía de la Nación al mando de A. Kiciloff. Es decir, el monto es el mismo: no estamos aumentando la deuda –que quede bien claro–, estamos cambiando la calidad de la deuda.

NO MÁS DEUDA, SINO MEJOR CALIDAD DE DEUDA

La diputada Ana Copes se explica al respecto: Estamos cambiando deuda vencida y ejecutada, que hoy nos tiene con sentencia firme y embargados, con gravosos intereses y honorarios que se incrementan con el transcurso del tiempo, por una deuda menos “mala”: ordenada, con vencimientos a mediano y largo plazo, con intereses menores, con el consiguiente levantamiento de los embargos. Si Ud. lo prefiere explicado de otra manera: para salir del default, el gobierno emite y coloca bonos con intereses más convenientes para la Argentina y mejores plazos de vencimiento. Con el dinero que obtiene de esos bonos les paga cash a los buitres. Después de todo, ese cash es el motivo más fuerte para haber logrado quitas. De concretarse este acuerdo, el Congreso pondría fin al default más grande y más largo de la historia.

UN DEBATE ANTICIPADO

Con relación a que muchos legisladores en el recinto se centraron en el “para qué” de la deuda, la diputada demoprogresista aclaró: Un tema es salir del default y otro la posible adopción de créditos en el futuro. En el recinto, muchos anticiparon el debate acerca de las posibilidades que se le generan a la Argentina para tomar crédito, con el prejuicio de que ese endeudamiento será destinado para gastos corrientes; que se va a repetir la historia argentina de que la deuda sirvió para atender déficit presupuestario o gastos corrientes y que luego, por la magnitud alcanzada por la suma de los intereses, terminó condicionando a las generaciones futuras o a la decisión soberana. Es un prejuicio justificado, es decir, no es un prejuicio: es un hecho. Ahora bien, cuando se dieron esas circunstancias, se dieron porque el Congreso no estuvo presente, se dieron por ausencia de intervención del Parlamento o por el abuso de facultades delegadas. Nada tenemos que temer si los legisladores nos comprometemos a reasumir las potestades legislativas, obligando al Poder Ejecutivo, cada vez que sea necesario tomar deuda, a respetar la Constitución y solicitar la autorización al Congreso. Lo digo en la convicción de que nadie va a negar la posibilidad de que se construyan puentes, autovías, viviendas, gasoductos, hospitales, esfuerzos económicos que por su magnitud indudablemente necesitan del financiamiento a largo plazo, porque es imposible para un mandato presidencial o para una sola generación poder solventarlos. En el recinto se habló mucho de las economías regionales, hoy quebradas. Si tenemos ventajas competitivas se podrán repagar los créditos que se tomen, aseveró.

EL PAPEL DEL CONGRESO

El tratamiento de la deuda es una prerrogativa del Congreso, lo manda la Constitución. El Proyecto del Ejecutivo se mejoró en el Congreso y prueba de ello es que del mensaje enviado por el PEN solicitando una emisión de bonos para pagar la deuda, sin monto y sin destino de los dólares sobrantes que pudieren existir para dicha cancelación, por intervención del Congreso y de los distintos bloques, especialmente de la oposición, se ha puesto un tope al endeudamiento de 12500 millones de dólares; un tope a las comisiones de los agentes financieros del 0,20%, reasignando los excedentes de la cancelación de deuda, si los hubiere, a la cancelación de deuda presupuestada 2016; se exige un informe trimestral y no semestral y se reivindica el funcionamiento de una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, ignorada por el gobierno anterior, entre otras medidas. El final del ‘Congreso-escribanía’ se consagró en la reforma de 11 artículos sobre 19.

SÍ, PERO

La legisladora demoprogresista Ana Copes remarcó: El ‘sí, pero’ resume la posición del Partido Demócrata Progresista. Hoy lo que nos ocupa es darle la posibilidad al gobierno de cerrar esta etapa de la Argentina de un pasado de incumplimientos e inaugurar una etapa basada en la construcción de credibilidad, no aumentando la deuda sino cambiando su calidad. A este pedido, el Partido Demócrata Progresista responde que sí, pero reafirma la defensa irrestricta de las potestades del Congreso no sólo en el tema de la deuda, sino fundamentalmente porque esa construcción de credibilidad sólo puede hacerse con y desde el Congreso, enfatizó finalmente.

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