CELERIDAD PARA NUESTROS JUBILADOS

Gabriel Real - Diputado Provincial 10 de abril de 2016 Por PDP Rafaela
Proyecto para que el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado solicite a la ANSES se abstenga de apelar sentencias de primera instancia, en los casos en que exista jurisprudencia en instancias superiores que las ratifiquen.
jubilados

Estas apelaciones producen demoras que son un perjuicio para quienes reclaman sus derechos y urge dar celeridad a los trámites de nuestros jubilados.

También Real solicita que se abstengan de interponer un recurso extraordinario en las sentencias de segunda instancia para que se puedan liquidar en favor de los beneficiarios según un orden que tome en cuenta la edad del jubilado y la antigüedad del expediente judicial.

El sistema previsional ya ha acumulado 450.000 juicios y todos los años están ingresando alrededor de 100.000 reclamos nuevos. Como se liquidan unas 20.000 sentencias, el stock de juicios sigue creciendo.

Además, los jueces están fallando más cantidad de sentencias, por lo tanto hay más apelaciones de ANSES. Los reclamos judiciales son por la mala liquidación de los haberes y porque no se aplican los índices de actualización que ordenó la Corte Suprema. También porque se aplican topes o no se computan los pagos no remunerativos.

Un buen número de jubilados sigue esperando que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio contra la ANSES. Este fallo estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,3%, de acuerdo a la evolución de los salarios. Sin embargo, en ese período los aumentos generales que dio el Gobierno fueron del 11% y 21%. La diferencia implica ajustes en los haberes de entre el 55 y 69%.

Un proceso de estas características dura alrededor de 7 años, salvo en casos excepcionales donde ANSES no apela. Por el período que abarcó el fallo Badaro, los jubilados que no iniciaron el reclamo ya son pocos y ahora la mayoría demanda el recálculo del haber inicial, de la Prestación Básica Universal y la inconstitucionalidad de los topes de las jubilaciones vigentes desde 1994; entre otras demandas.

“Creemos de estricta justicia que, en las sentencias que el Gobierno Nacional manifestó que va a empezar a liquidar prontamente, se tenga en cuenta el doble criterio de la antigüedad del reclamo pero también, por una cuestión de humanidad, la edad del beneficiario reclamante”, manifestó el Diputado Real.

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