PRIORIDAD ACCESO PLANES DE VIVIENDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSPLANTADAS Y EN LISTA DE ESPERA

Concejo Municipal - Actividad Legislativa 17 de diciembre de 2020 Por PRENSA PDP
Los concejales del Bloque Cambiemos, Sra. Ma. Alejandra Sagardoy, Dra. Marta Pascual, Lic. Raúl Bonino, Sr. Miguel Destéfanis, Lic. Germán Bottero y Lic. Leonardo Viotti y del Frente Progresista Cívico y Social Dr. Lisandro Mársico, presentan para su aprobación el siguiente Proyecto de:
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Que las personas con discapacidad requieren medidas especiales para poder ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás, eliminar todas las formas de discriminación contra ellas y propiciar su plena integración en la sociedad. 

Que por eso, tanto la Constitución Nacional como diferentes instrumentos internacionales de protección contemplan derechos específicos y obligaciones concretas a los Estados en favor de este colectivo. 

Que en tal sentido, el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional prevé que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los tratados internacionales, en particular respecto de las personas con discapacidad. 

Que La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Que entre los diferentes instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN), seencuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) —que adquirió jerarquía constitucional mediante la ley N° 27.044, sancionada el 19 de Noviembre del 2014 y promulgada el 11 de Diciembre del 2014. Se trata del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que regula en 50 artículos, principios, derechos y obligaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 

 

 

 

 

Que las personas con discapacidad son aquéllas que tienen diferentes tipos de “deficiencias” físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás (CDPD, artículo 1).

Que la Convención en su Artículo 28: “Nivel de vida adecuado y protección social”, inc. d) dice: Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. 

Que es importante resaltar que en los últimos años se operó un cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad. El correlato de este cambio es un nuevo marco jurídico internacional basado en el modelo social de la discapacidad, según el cual ésta obedece a causas preponderantemente sociales y no a razones médicas, biológicas o religiosas, instaurando así un nuevo mandato de acción para los Estados (artículo 1, segundo párrafo de la CDPD). En palabras de la Corte IDH, este modelo “… implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas” (Corte IDH, Caso “Furlan y Familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246, párr. 133). 

Que la CDPD establece los principios generales que han de observarse a fin de cumplir con las obligaciones estatales en la materia (artículo 3). Estos principios comprenden, entre otros, el respeto de la dignidad y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Que el Artículo 1º  de la Ley Nacional Nº26182,  modifica el inciso e) del artículo 12 de la Ley Nº 24.464, que quedó redactado de la siguiente manera:e. “Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del FONAVI.El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente del 5% en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a personas con discapacidad o familias en las que al menos uno de los integrantes sea una persona con discapacidad”.

 

Que la Provincia de Santa Fe en todo plan de lotes y viviendas contempla un cupo del 5% para grupos familiares en los cuales haya algún integrante con discapacidad motriz y otro 5% para los que sufran otra discapacidad. En ambos casos, debe acreditarse la afección mediante el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través de las Juntas Evaluadoras dependientes de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. 

 

Que en las últimas décadas, el trasplante de órganos se ha consolidado como tratamiento médico, lo que permite salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo es un proceso muy largo, con esperas y tratamientos difíciles de afrontar. Por eso existen hogares de tránsito para quienes esperan un órgano o ya fueron trasplantados, y necesitan estar cerca de los hospitales para sus controles médicos.

 

Que al momento de ingresar en lista de espera el paciente comienza a transitar un momento de mucha incertidumbre alterándose en variados aspectos la vida familiar.

 

Que, con respecto a la persona que fue trasplantada necesitará ayuda con las tareas básicas del hogar resultando frustrante depender de otros para satisfacer sus necesidades, existiendo la posibilidad de verse diferente, teniendo en cuenta que para el control de la enfermedad injerto contra huésped debe ingerir medicamentos de por vida, los cuales pueden generarle cambios significativos en el estado de ánimo, impidiéndole el normal desarrollo de su vida cotidiana, negándole así la posibilidad de desarrollarse normalmente en el ámbito laboral, limitando de esta manera las expectativas de alcanzar su vivienda propia.

 

Que la Ley Nacional Nº26928, crea un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante inscriptos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con residencia permanente en el país. Y en relación a la vivienda su Artículo 6º establece: “La autoridad de aplicación debe promover ante los organismos pertinentes, la adopción de planes y medidas que faciliten a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, el acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande”. 

Que la Ley Provincial Nº13397, que instituye el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas o en Lista de Espera para ser trasplantadas y que tiene como fin tutelar el ejercicio de sus derechos, en condiciones de equidad, estipula en su Artículo 14.- Vivienda. “El Estado Provincial establecerá a favor de las personas enumeradas en el artículo 2, un cupo o preferencia en el acceso a planes de vivienda y en adjudicación de créditos y otros beneficios de similares características, cuando éstas carezcan de recursos suficientes y de una vivienda propia en condiciones adecuadas de habitabilidad”. 

Que por Decreto-Ordenanza Nº2896, se creó el Instituto Municipal de la Vivienda, como entidad autárquica de la Municipalidad de Rafaela, cuyo objetivo es el mejoramiento de la situación habitacional de la ciudad y la promoción de medidas con tal finalidad, mediante la programación y ejecución de planes habitacionales.

Que no está contemplado en la normativa de Rafaela el establecimiento de un cupo o preferencia en el acceso a planes habitacionales generados por el Municipio y el Instituto Municipal de la Vivienda para personas con discapacidad y personas trasplantadas o en lista de espera que posean el certificado – credencial (Art. 2º - Ley Nac. 26928). 

Que resulta necesario, importante e imperioso, que el ordenamiento jurídico local contemple la posibilidad citada en el párrafo precedente, en línea con lo que la legislación nacional y provincial tiene previsto para las personas con discapacidad y personas trasplantadas o en lista de espera. 

 

          Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA sanciona la siguiente:

 

O R D E N A N Z A

 

 

 

Artículo 1º: La Municipalidad de Rafaela y el Instituto Municipal de la Vivienda establecerán a favor de las personas con discapacidad y personas trasplantadas o en lista de espera que posean el certificado – credencial (Art. 2º - Ley Nac. 26928), una prioridad en el acceso a planes de vivienda, lotes, en adjudicación de créditos y otros beneficios de similares características, cuando éstas carezcan de recursos suficientes y de una vivienda propia en condiciones adecuadas de habitabilidad.  

 

Artículo 2º: La Comisión de  Preadjudicación de Viviendas será la responsable de analizar y establecer el tratamiento integral de la prioridad, determinando los criterios de valoración, ante los diferentes contextos que se presenten, en cada oferta habitacional, llevando a cabo evaluaciones transversales, con base en informes integrales, de las personas citadas en el artículo precedente, pudiendo a tales fines convocar a los especialistas que considere necesario.   

 

Artículo 3º: La Comisión de  Preadjudicación de Viviendas queda facultada a requerir la participación del Concejo Municipal, así como de las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal en el proceso de análisis. 

  

Artículo 4º: El requisito establecido en el artículo 1º de la presente se incluirá en aquellos planes habitaciones que se establezcan en forma conjunta con el Gobierno Provincial o Nacional en caso en que la Municipalidad de Rafaela detente la potestad para determinarlo.  

Artículo 5º: De forma. 

 

 

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