PROYECTO DE ORDENANZA DE ADHESION A LA LEY PROVINCIAL DE VIOLENCIA LABORAL.

Proyectos - 2019-2020 28 de junio de 2020 Por PRENSA PDP
Fue ingresado por el Concejal Lisandro Mársico.
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El Concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, presenta para su aprobación el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA
VISTO: CONSIDERANDO:

Que todas las situaciones que constituyan violencia en el ámbito laboral implican una práctica que a todas luces resulta discriminatoria y violatoria de la dignidad humana.

Que  por  lo  tanto  resulta  imperioso  que  se  adopten  las  medidas  apropiadas  para garantizar el pleno goce y ejercicio de las libertades y garantías fundamentales en condiciones de igualdad.

Que “la violencia laboral, tanto en el ámbito público como en el sector privado, supone una forma de discriminación y el derecho a no ser discriminado; es un derecho fundamental atribuido con carácter general a todos los habitantes”. “Parra Vera Máxima c/ San Timoteo SA s/ Amparo”, CNAT, Sala V, S D. 68536 del 14/06/06.

Que “la discriminación es una especie de la desigualdad de trato, caracterizada por la presencia de causas de distinción de especial trascendencia social que implican una vehemente “sospecha” de desigualdad y una paralela exacerbación de su gravedad”. Pompa Roberto, “Mobbing: una respuesta globalizada a una situación también globalizada”, p 21, Ed.Lugar, Bs. As., 2011.

Que “el sector público se encuentra encuadrado directamente en uno de los principales “grupos de riesgo”, ya que presenta determinadas características de tipo organizativa que influyen o favorecen a la aparición de estas conductas. Con la Reforma Constitucional de 1994 se incorporaron al Derecho Interno Argentino Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional que propugnan la prevención, sanción y eliminación de todo tipo de prácticas y conductas discriminatorias. Este es el desafío que tiene que asumir el Estado como Garante de los Derechos Humanos.” González, Verónica I., “La violencia laboral en la administración pública desde la perspectiva de los derechos humanos”, p.107, Ed. Sudamérica Nº7, 2017.

Que según el Código Civil y Comercial, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad.

Que en nuestro país, la Oficina de Asesoramiento sobre la Violencia Laboral (OAVL), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, denomina  violencia  laboral  a  toda  acción,  omisión  o  comportamiento  destinado  a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral o sexual en el trabajo y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.

Que las consecuencias de la violencia laboral son:

En   el   trabajador   o   trabajadora:   afecta   su   salud   psicofísica   y   puede   producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular.

En la organización: produce malestar entre los trabajadores/as, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social.

En la sociedad: consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia.

Que según la Organización Internacional del Trabajo (ILO; ICN; WHO; PSI: 2003), la violencia en el lugar de trabajo remite a todas las formas de ataques, amenazas, o abuso a los que se ven expuesto los sujetos en circunstancias relacionadas con su trabajo. Incluye desafíos a la seguridad, al bienestar o la salud – sean éstos explícitos o implícitos-. Comprende tanto la violencia física como la psicológica, diferenciándose éstas por vincularse la primera al uso de la fuerza física y la segunda, al uso intencional del poder. Para ambos casos, el destinatario de los hechos de violencia puede ser tanto otra persona como un grupo. Los daños abarcan su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Que es necesario contar con una herramienta legal en el ámbito municipal, a fin de regular esta problemática recurrente en las relaciones laborales que se dan en el ámbito público y que afecta la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

Que es responsabilidad del Estado implementar acciones y desarrollar programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia laboral en los lugares donde trabajadores y trabajadoras desarrollan sus tareas habituales.

Que a través del dictado de normas se deben instaurar mecanismos eficaces para su prevención y para la protección de las víctimas, ya que, determinadas características de tipo organizativo dentro de la Administración Pública influyen o favorecen directamente en la aparición de este fenómeno.

Que con la adhesión a los principios contenidos en la Ley Provincial Nº12434 – Violencia Laboral, se pretende la inclusión de los objetivos y fines que están contemplados en la normativa de la Provincia, los cuales apuntan a la  prevención y acción ante situaciones de violencia laboral, en aras de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y entre ellos los más básicos: trabajar en un marco de respeto al ser humano y la igualdad de trato.    

Que como único antecedente de la presente en el Concejo Municipal de Rafaela, con similares objetivos, los Concejales del Frente Progresista Cívico y Social, por iniciativa del Partido Socialista, ingresaron en el  21 de Julio de 2017, un proyecto de Ordenanza.

Que en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela se encuentra en vigencia un protocolo de actuación municipal para abordar los casos de violencia laboral.

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA sanciona la siguiente:

O R  D  E  N  A N  Z  A

Artículo 1º: La Municipalidad de Rafaela adhiere a los principios contenidos en la Ley Provincial Nº12434 – Violencia Laboral.

Artículo 2º: La presente Ordenanza tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral; y brindar protección a los/las trabajadores/as víctimas, a los/las denunciantes y/o a los/as testigos de los actos que configuren la violencia.

Artículo 3º: Lo establecido en la presente ordenanza es de aplicación a toda la administración pública municipal central y descentralizada, sus entidades autárquicas, empresas o sociedades del Estado Municipal, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, comprendiendo también al Concejo Municipal, Juzgados de Faltas y Entes Reguladores así como a toda otra entidad u organismo del Estado Municipal existente o que llegara a existir independientemente de su naturaleza jurídica, denominación, norma especial que pudiera regularlo o lugar donde preste sus servicios.

Artículo 4º: A los efectos de la presente Ordenanza se considera violencia laboral al conjunto de comportamientos y prácticas activas u omisivas, o a las amenazas de tales comportamientos y prácticas,  que se manifiesten una sola vez o que sean ejercidas de manera repetida en el ámbito laboral por funcionarios o empleados públicos y que tengan por objeto causar o ser susceptibles de causar intimidación,  inequidad  salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social u ofensa que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso por razón de género.

La violencia laboral configura una violación de todos los derechos laborales y humanos. Puede presentarse por agresión física, acoso sexual y/o maltrato psicológico.

Artículo 5°: A los fines de la interpretación del Art. 4° de la presente ordenanza, se definen las siguientes expresiones:

1) Maltrato físico: Se entiende por maltrato físico a toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico en la persona de los/as trabajadores/as.

2) Maltrato psíquico y social: Se entiende por maltrato psíquico y social en la persona de el/la trabajador/a a los actos de hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico o desprecio. Se define a título meramente enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones:

a. Obligar a la ejecución de tareas denigrantes para la dignidad humana.
b. Asignar labores innecesarias o sin sentido con la intención de humillar. 
c. Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.
d. Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separar o excluir a la persona de sus compañeros/as o colaboradores/as más cercanos/as.
e. Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando el aislamiento de la persona.
f. Prohibir a los demás empleados/as hablar con la persona o mantenerlo/a incomunicado/a o aislado/a.
g. Encargar trabajo imposible de realizar.
h.  Obstaculizar  y/o  imposibilitar  la  ejecución  de  una  actividad,  u  ocultar  las herramientas necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto.
i. Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre la persona de un/una subordinado/a.
j. Efectuar amenazas reiteradas de sanciones, sumarios y/o despido infundado.
k. Privar al/a la trabajador/a de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

3) Acoso laboral: Se entiende por acoso laboral a la acción persistente y reiterada de incomodar a la persona trabajadora, manifestada en comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de la persona, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo, en razón de su sexo, opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, idea política, estado civil, discapacidad, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar.

4) Acoso sexual: Se entiende por acoso sexual toda conducta o acción, física o verbal, con connotación sexual, no consentida por quien la recibe, basados en el poder, que condicionan o perjudican su cumplimiento o desempeño laboral, creando un entorno de trabajo intimidatorio y humillante.  

5) Inequidad salarial: Se entiende por inequidad salarial el hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre trabajadores/as, que ejercen en el mismo establecimiento funciones, tareas o labores equivalentes.

Artículo 6º: Ningún trabajador o trabajadora que haya sido víctima de las acciones enmarcadas como violencia laboral, haya denunciado o haya comparecido como testigo de las partes, podrá por ello ser sancionado/a, despedido/a ni sufrir perjuicio salarial y/o personal  alguno  en  su  empleo  o  en  cualquier  otro  ámbito  como  represalia  de  su denuncia o testimonio.

Artículo 7º: El órgano de aplicación de la presente ordenanza será la Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 8º: Ante el acaecimiento de un hecho de violencia laboral, se dará inicio al trámite previsto en la presente ordenanza mediante denuncia de la víctima, testigo o un tercero que tenga conocimiento del caso, o de oficio, siguiendo las vías previstas en el “Protocolo de Actuación en caso de Violencia Laboral”. 

Artículo 9º: Por cada denuncia que se recibe, se creará un expediente y la misma seguirá su curso según los procedimientos contemplados en la Ley Provincial Nº9286 – Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe.
El  sumario  lo  instruirá  Fiscalía  Municipal,  y deberá garantizar el carácter confidencial de la denuncia, la discrecionalidad y el resguardo absoluto de la identidad de todos los involucrados. La reserva de identidad se extiende aún después de concluido el procedimiento.

Artículo 10º: A todo aquel que incurriera en conductas de violencia laboral, se le aplicarán las sanciones que prevén los regímenes administrativos y/o disciplinarios respectivos, conforme la gravedad que en cada caso corresponda.

Artículo 11º: La máxima autoridad jerárquica del área a la que pertenece la víctima será responsable de procurar que el “Protocolo de Actuación” ante las conductas previstas por la presente ordenanza, ejercidas por personal  a  su  cargo,  se instrumente de manera ágil y eficiente, dando seguimiento al proceso.

En caso de que la máxima autoridad jerárquica sea la causante de la denuncia de violencia laboral, el trabajador o la trabajadora debe acudir al órgano de aplicación.

Artículo 12º: Para llevar el tratamiento de las denuncias recibidas, se podrá contar con el asesoramiento de los distintos organismos e instituciones que trabajan por ambientes de trabajo libres de violencia, como Defensoría del Pueblo; Oficina de Trabajo Decente dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia; entre otras creadas o a crearse.


Artículo 13º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las reparticiones que correspondan, procederá a organizar e implementar programas y campañas de difusión e información sobre la violencia laboral, dando a conocer a los trabajadores la presente Ordenanza, exhibiendo en lugares públicos y visibles su contenido dentro de sus respectivos establecimientos. 

Artículo  14º:  Para  el  correcto  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza  se  deberá capacitar al personal en la materia, a fin de tener todas las herramientas necesarias para su abordaje.

Artículo 15º: El Departamento Ejecutivo Municipal trabajará la implementación de la presente Ordenanza en coordinación con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

Artículo 16: De forma.

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